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La Alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, ha comparecido en la Asamblea de Extremadura. Concretamente, en la Comisión No Permanente de Estudio sobre Financiación Municipal, convocada para trabajar en la elaboración de una nueva ley de Autonomía Local.

Medina, quien se ha presentado como alcaldesa de un municipio cercano a los 20.000 habitantes, deuda cero y superávit presupuestario, ha aprovechado la ocasión para reivindicar varias cuestiones trascendentales para el buen funcionamiento y una mejor prestación de servicios por parte de los consistorios extremeños.

En este sentido, la edil morala ha recordado que los Ayuntamientos son la Administración más cercana, la primera a la que acude la ciudadanía para resolver unos problemas a los que en cuantiosas ocasiones no se pueden dar respuesta por el complejo e intrincado tejido estructural de la financiación y los diversos niveles competenciales existentes.

En los últimos años, además, se ha producido una ingente regulación dirigida a limitar la autonomía de la Administración Local. En este sentido, ha hecho referencia a la regla de límite de gasto, la tasa de reposición de empleo público que impide contratar el personal necesario o la imposición de las materias a las que deben ir destinadas las inversiones financieramente sostenibles (aquellas que se pueden permitir los ayuntamientos saneados con permiso del Ministerio) aprobadas a partir del año 2013.

Estas medidas impiden ejecutar el presupuesto, contratar el personal necesario e invertir gran parte de los recursos en aquello que no atiende a las necesidades urgentes de cada municipio ni permite atender a las singulares circunstancias de cada localidad.

Según la mandataria morala, el presupuesto debe ejecutarse con rigor financiero, pero atendiendo a su propia capacidad presupuestaria, esto es, a su capacidad de generar ingresos que compensen los gastos. No puede ser, ha recalca Medina, que un municipio sin deudas y con superávit gracias al esfuerzo ciudadano, técnicos y político tenga que dejar de prestar servicios, generar otros nuevos o atender necesidades por tener que cumplir una regla de gasto impuesta desde organismos alejados de la realidad municipal y, especialmente, de las especiales circunstancias de cada entidad local en cada momento concreto.

Por esos motivos, Medina, ve con buenos ojos la redacción de una Ley de Garantía de la Autonomía Municipal que dibuje de forma nítida la frontera entre las competencias territoriales, las asumidas directamente y las que le son delegadas y, sobre todo, la existencia de un Fondo de Financiación incondicionado y dotado con 75.000 millones de euros, tal y como se establece en el artículo 45.

Pero la Alcaldesa de Navalmoral de la Mata no ha querido irse sin hacer propuestas al texto. Algunas de gran importancia, como por ejemplo establecer sistemas de control que eviten poner en riesgo presupuestario a algunos Ayuntamientos porque se tomen medidas populistas como, por ejemplo, continuas o fuertes bajadas de impuestos para deleite a corto plazo de sus conciudadanos, aunque a largo generen déficit de servicios y un ingente endeudamiento.

Los ingresos públicos se componen de impuestos, tasas y precios públicos. Debe existir una regulación que garantice equilibrio recordando siempre que los impuestos directos son los progresivos, los que atienden a una mayor justicia social.

También ha querido lanzar la idea establecer alguna medida de discriminación positiva en cuanto a los ingresos procedentes de la Comunidad Autónoma, porque la distribución por número de habitantes hace que los grandes municipios se lleven la casi totalidad del dinero, aunque en ese apartado, al mismo tiempo, ha querido agradecer a la Junta de Extremadura que destine más de un 5% a la financiación municipal, ya que el resto de regiones derivan un 4,5 de media.

Para finalizar, Medina, ha hecho mención a los acuerdos alcanzados este ejercicio por el Estado Español  que conllevan suspender excepcionalmente los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública en los años 2020 y 2021, al igual que se está haciendo en Europa, porque medidas así, sí permiten que los Ayuntamientos puedan ayudar a quienes más lo necesitan: familias y empresas, fundamentalmente.