Cerca de 300 organizaciones convocan el 16 de mayo manifestaciones en 40 ciudades. Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue, nos vemos en las calles ¡Ni una menos!” exigen que los Presupuestos de Estado para 2018 que debate el Congreso cumplan con el aumento de 200 millones de euros anuales (el 0,04% del Presupuesto del Estado) acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para avanzar y poder aplicar las 214 medidas aprobadas tras un año de debates que sin presupuesto quedarán en papel mojado.
Desde el Ayuntamiento se entiende que la lucha contra la violencia de género debe ser una prioridad en la agenda de cualquier gobierno y, por eso nos sumamos a la manifestación convocada por estas razones y algunas más.
Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias, a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’ (sin tener competencia para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema general de financiación.
Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos, atribuida por el artículo 19 de la Ley O. 1/2004 a entidades locales y comunidades autónomas.
Los 100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto.
En Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes (8,13 millones en Infantil, Primaria, Secundaria, y 1,5 Universidades), específicos para las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.
En Sanidad no se aplicarán las medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de VG en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.
En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, si carecen de dinero, no pondrán en marcha el nuevo sistema -compartido por Comunidades Autónomas y Entidades Locales- de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, Asistencia Personal a mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.
Los 20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del Pacto
En primer lugar a la medida 61, para la restitución a los ayuntamientos de la competencia en igualdad y violencia de género, máxime cuando el Gobierno tampoco ha presentado el Proyecto de Ley para modificar la Ley 27/2013 que se la quitó, permitirles la contratación de personal para ello y garantizar en todo el territorio servicios profesionales, estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad a todas las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, tanto si viven en una comunidad u otra, o en un municipio urbano o rural, peninsular o insular. Sobre ellos han de crearse Unidades de Apoyo Local integradas por dicho personal, la policía o Guardia Civil y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su ámbito, con independencia de la interposición de la denuncia, para el seguimiento social y de seguridad individualizado. Actualmente el Ministerio del Interior está transfiriendo, a coste 0, la protección de las víctimas a la Policía Local.
Hay 1.447.687 mujeres, el 7,2% de la población femenina mayor de 16 años en España, que han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja (Macroencuesta 2015). De ellas 120.641 en el último año: 48.256 por violación, de las que sólo se denuncian 1.300 anuales, el 4%, y 72.384 otras agresiones sexuales. Hay una mala respuesta judicial, no hay educación sexual, ni prevención y atención que contrarresten el aumento de prácticas machistas y violentas.